Un grupo de reconocidos juristas y expertos ha generado controversia al presentar un libro que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Amnistía ante la Comisión de Venecia. Este importante grupo, encabezado por Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, afirma que la amnistía propuesta incumple la Constitución y representa un salto cualitativo en la degradación de la democracia y sus instituciones. Según los expertos, la tramitación de esta ley sería el 'pago' que hace España por la 'compra de unos votos que el presidente necesita para mantenerse en el poder'.

Los autores del libro argumentan que la Ley de Amnistía resulta plenamente rechazable tanto desde el punto de vista jurídico como político. Destacan que la prohibición de los indultos generales que recoge la Constitución implica indirectamente un veto a la amnistía. Adicionalmente, denuncian que la redacción de la norma que se está intentando aprobar en el Parlamento corresponde a los propios amnistiables, evidenciando una manifiesta arbitrariedad de la propuesta.

El motivo subyacente de la ley también ha sido objeto de críticas, con afirmaciones de que su propósito es la 'compra de unos votos que el presidente necesita para mantenerse en el poder'. Este desacuerdo se ha canalizado en la presentación del libro 'La amnistía en España: Constitución y Estado de Derecho', que reúne 78 artículos de juristas y académicos que coinciden en la inconstitucionalidad de la norma. Los autores, entre los que se encuentran Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz Robledo, consideran que la ley busca satisfacer intereses particulares en lugar de perseguir objetivos generales.

El libro, que surge como respuesta a la percepción pública de que la mayoría de los juristas apoyaban la constitucionalidad de la amnistía, se presenta como un esfuerzo por presentar una perspectiva alternativa. Los directores del libro expresan su confianza en las instituciones españolas y comunitarias para detener la Ley de Amnistía y resaltan que en Europa son cada vez más conscientes de la repercusión jurídica que tendría la aprobación de esta norma. En ese sentido, han hecho referencia a la decisión de la Eurocámara de investigar los lazos de Puigdemont con el Kremlin, considerando que amnistiar a alguien bajo investigación por alta traición sería incoherente.