Familiares de niñas y mujeres desaparecidas denuncian la falta de investigación de un crimen sin cuantificar y con muy pocas condenas, mientras que las ONG trabajan por rescatar a las víctimas y el Gobierno intenta fortalecer a los órganos policiales y judiciales.

Un hombre trajeado. Un chico con gorra y pantalones cortos. Un hombre con un mono de trabajo. Un hombre de avanzada de edad. Dos jóvenes en vaqueros. Otro con corbata y con el maletín todavía en la mano. Así, uno tras otro, 18 varones entran en un local de fachada roja en menos de un minuto, el tiempo en el que un semáforo mantiene la luz verde para el paso de los peatones en el distrito 12 de Octubre de la ciudad boliviana de El Alto.

Lo que hay más allá de los váteres no se ve, pero se sabe: habitaciones donde los proxenetas prostituyen, fundamentalmente, a mujeres. La estampa es de lunes por la tarde y la zona, considerada roja en una escala en la que el color carmesí describe el grado máximo de peligrosidad de zona de prostitución, ya está llena de puteros. Se mire donde se mire. “Aunque de jueves a domingo hay todavía mucha más gente”, explica una trabajadora de la Fundación Munasim Kullakita.

Aunque la prostitución ejercida voluntariamente por personas mayores de edad no es delito en Bolivia, sí lo es la actividad de quien prostituye a una tercera persona para lucrarse. Queen critica este concepto de “voluntariedad” porque obvia la vulnerabilidad de quien la ejerce y porque sirve, en la práctica, para ampararla.