El borrador de informe de la misión de eurodiputados que visitó Catalunya entre el 18 y el 20 de diciembre para analizar el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas aboga por un tratamiento 'equivalente' del catalán y el castellano en la escuela. El texto, al que ha tenido acceso la agencia ACN y que se debatirá este miércoles en el comité de Peticiones, asegura que el derecho a recibir educación en castellano 'está en la Constitución' y que las autoridades 'deben garantizar que no se discrimina a los niños'. El borrador del informe habla de 'intimidación' y 'discurso de odio' contra las familias que han recurrido a los tribunales para exigir que sus hijos reciban más educación en castellano, y que ha resultado en las sentencias que ordenan impartir un 25% de castellano en las aulas de los alumnos demandantes.

El documento reclama al Gobierno español que 'monitorice de cerca' si el modelo educativo catalán respeta una distribución 'equilibrada' de lenguas vehiculares. La misión de eurodiputados estaba formada principalmente por miembros de la derecha y la extrema derecha de la Eurocámara, ya que fue boicoteada por el grupo de los verdes y los socialistas, que no podrán añadir enmiendas al texto, aunque sí añadir anexos en la parte final de recomendaciones. El documento que se debatirá el miércoles reclama al Gobierno español que 'monitorice de cerca' si el modelo educativo catalán respeta una distribución 'equilibrada' de lenguas vehiculares con un 'trato equivalente de las cooficiales'.

La comisión pide al Govern que 'mejore la comunicación y la confianza' con las familias que reclamen más cuota de castellano. En este sentido, los eurodiputados proponen al Gobierno de Pedro Sánchez que 'revise' cómo actúa la Inspección Educativa en Catalunya para garantizar unos 'estándares mínimos' de clases en cada una de las lenguas, y apuntan a que debería haber 'un análisis independiente' del modelo.

El borrador de informe también se dirige a la Generalitat, a quien le exige que 'mejore la comunicación y la confianza' con las familias que han llevado el modelo de inmersión lingüística a los tribunales. En concreto, le pide que abra un 'diálogo constructivo' con las familias afectadas. El texto lamenta, asimismo, que no se aplique la sentencia del 25% de castellano dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y afirma que 'el respeto al Estado de Derecho es uno de los pilares de la Unión Europea'. Por eso, expresa 'preocupación por el hecho de que los ciudadanos, por la falta de acción para implementar la sentencia, tengan que buscar remedios judiciales individualmente'.