La Unión Europea se posiciona como garante de la libertad educativa en Cataluña, exigiendo que tanto el castellano como el catalán reciban un trato equitativo como lenguas vehiculares en la enseñanza. El informe de los eurodiputados destaca que el actual modelo monolingüe impuesto por la Generalitat no cumple con este requisito, en contravención a lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al 25% de asignaturas en castellano. La UE, además, hace un llamado al Gobierno español para supervisar la aplicación justa de las lenguas cooficiales en el sistema educativo catalán.

Los representantes del Parlamento Europeo manifiestan preocupación por la falta de acción para implementar la sentencia judicial que garantiza el 25% de enseñanza en castellano, condenando el acoso hacia aquellos que reclaman una educación equilibrada en ambas lenguas. Asimismo, rechazan cualquier discurso de odio y solicitan a las autoridades regionales, especialmente a la Generalitat, que supervisen de cerca este inaceptable comportamiento.

El informe resalta la prohibición explícita de cualquier discriminación lingüística en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subrayando la importancia de considerar el interés superior del niño en las políticas lingüísticas. Además, ofrece recomendaciones basadas en las experiencias recabadas durante la visita de los eurodiputados a Cataluña y la información proporcionada por distintas autoridades.

Entre las revelaciones del informe se encuentran las confirmaciones de inactividad por parte de la Generalitat para promover el uso razonable del catalán y el castellano, así como el incumplimiento de deberes por parte de la Alta Inspección Educativa en la ejecución de la sentencia del 25% de enseñanza en castellano. También se destacan testimonios que evidencian el acoso a padres y alumnos, así como la necesidad de hacer cumplir la ley y las resoluciones judiciales presentada por distintas autoridades locales.