El juicio por la presunta caja B del PP de Valencia para financiar bajo mano las campañas electorales de Rita Barberá quedó visto para sentencia tras doce jornadas celebradas ante la sección segunda de la Audiencia de Valencia. De los cuatro acusados, el exvicealcalde Alfonso Grau, la exsecretaria general del grupo municipal del PP Mari Carmen García-Fuster, el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el concejal no adscrito Juan Eduardo Santón, sólo este último ejerció su derecho a la última palabra.

Grau se enfrenta a nueve años y dos meses de cárcel por los presuntos delitos de malversación, cohecho y falsedad en documento mercantil, según la calificación de la Fiscalía Anticorrupción. La defensa del exvicealcalde pidió la absolución al considerarlo una víctima de una atmósfera en que todo parece corrupto. Se argumentó que no hay pruebas que respalden los presuntos delitos, criticando la documentación aportada que desencadenó en su imputación.

El abogado de Grau también defendió la inexistente capacidad de mando atribuida a su cliente en el Ayuntamiento de Valencia, así como su influencia en las fundaciones que realizaron pagos relacionados con la campaña del PP en 2007. Rechazó la acusación de financiación ilegal y apeló a la ausencia de pruebas que respalden las imputaciones.

Alegatos finales de las defensas de los acusados señalaron la ausencia de pruebas que respalden los cargos imputados, solicitando la absolución o la prescripción de los hechos. Tras la última jornada, el juicio por la presunta caja B del PP de Valencia queda a la espera de sentencia, marcando un punto final a un proceso que ha mantenido en vilo a la opinión pública.