Desde la pasada noche, Kiko el Cabra y los otros cinco narcos presuntos autores del doble asesinato de guardias civiles en Barbate forman parte (de nuevo) de la población carcelaria. Los seis llegaron a las 22:30 al centro penitenciario gaditano Puerto II, y pasaron la noche en el módulo de ingresos, conforme al protocolo habitual. Los seis permanecen juntos este martes en ese módulo, informan fuentes penitenciarias, y a la espera de que el equipo de tratamiento del centro decida dónde los ubica… dentro del mismo recinto y teniendo en cuenta que la jueza de Barbate decidió mandarlos a prisión sin fianza y comunicada.

Su situación, no obstante, está pendiente también de una posible aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica Penitenciaria, que prevé meter en el llamado “régimen cerrado” a internos preventivos a los que, como estos, se les atribuyen asesinatos y reúnen características específicas de peligrosidad. Ese régimen implica, por ejemplo, apenas poder mantener relación con otros presos en actividades comunes. No es de momento posible disgregarlos: se impone el impedimento legal que protege a los preventivos, pese al riesgo, del que advierten fuentes de la Seguridad del Estado, de que, una vez más, un grupo de narcotraficantes detenidos en una misma operación policial concierten sus declaraciones, e incluso se impongan disciplina entre ellos, para tratar de eludir lo máximo posible de la acción de la Justicia.

El escándalo por el crimen de Barbate levanta de nuevo entre los especialistas policiales y penitenciarios las voces que desde hace dos años piden al Gobierno un programa de dispersión de los narcos en las cárceles, en parecidos términos al que se desarrolló para presos de ETA en tiempos del ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Es “un tema que suele salir -dice un directivo del Cuerpo Nacional de Policía- pero de difícil solución”.

Una alta concentración de narcos entre las mismas rejas favorece también su capacidad de comprar a los funcionarios. En julio pasado, Botafuegos otra vez: fue detenido un funcionario que trabajaba para una red de asistentes de narcos, que colaba teléfonos y droga con drones. Siendo los funcionarios y las pandillas de presos narcos residentes en el mismo lugar, es también más fácil la amenaza.