El gobierno de Maduro ha intensificado su represión contra activistas y opositores políticos en el contexto de las próximas elecciones presidenciales. Las detenciones arbitrarias bajo acusaciones de terrorismo o traición a la patria han causado alarma tanto dentro como fuera del país. Recientes casos han puesto de manifiesto esta estrategia represiva, como el arresto de Carlos Salazar Lárez, quien grabó a Alex Saab en la Isla de Margarita. Además, dirigentes sindicales, estudiantes y familiares de activistas han sufrido detenciones injustificadas y juicios hostiles.

Entre los casos más destacados se encuentran el de Víctor Venegas, acusado de terrorismo por organizar protestas por mejoras salariales, y el de Rocío San Miguel, conocida activista detenida junto a su hija en el aeropuerto de Maiquetía. Incluso periodistas y defensores de derechos humanos han sido objeto de persecución, como la periodista Sabastiana Barráez y la abogada Tamara Sujú. Estas acciones represivas han generado un clima de temor en la sociedad venezolana, impactando en la participación política y el ejercicio de derechos fundamentales.

La situación política en Venezuela se ha tornando cada vez más tensa, con el gobierno considerando hostil cualquier intento opositor de alcanzar el poder. Esto se evidenció con la judicialización de uno de los organizadores de la consulta primaria de la oposición, así como con agresiones a comandos proselitistas. El Estado chavista ha recurrido a tácticas judiciales agresivas, llegando incluso a la detención arbitraria de familiares de opositores políticos, en un claro intento por inhibir la disidencia.

Las denuncias de organizaciones de derechos civiles y políticos en Venezuela subrayan la gravedad de la situación, con el Foro Cívico manifestando su repudio por las detenciones arbitrarias. Mientras tanto, las autoridades chavistas insisten en justificar sus acciones, tildando las críticas como parte de una campaña en su contra desde el exterior. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, la represión del chavismo pone en entredicho la viabilidad de un proceso electoral justo y democrático.