Ante los planeas de ataque por parte de Israel en Rafah, la comunidad internacional ha expresado su profunda preocupación. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha propuesto un embargo de armas a Israel como medida preventiva. Además, un tribunal holandés ha dictaminado la paralización de la entrega de piezas de aviones F-35 al estado de Israel, afirmando que no se consideran suficientemente las consecuencias de los ataques para la población civil. Estas decisiones reflejan un claro cuestionamiento sobre la entrega de armamento en medio de la tensión en la región.

Las declaraciones de Borrell apuntan directamente a Estados Unidos, principal proveedor de armamento a Israel, instando a proporcionar menos armas para evitar víctimas civiles. La preocupación por la seguridad de la población civil se ha acentuado debido a la densidad de refugiados palestinos en la franja de Gaza, especialmente en Rafah. Mientras tanto, el llamado de evacuación del primer ministro israelí ha desatado críticas y generado interrogantes sobre la viabilidad de la propuesta.

Además, tanto Borrell como el comisionado general de UNRWA han exigido pruebas a Israel sobre la presunta implicación de trabajadores de la agencia en un ataque terrorista, generando tensiones adicionales. Las decisiones judiciales de Países Bajos han desatado un debate sobre el respeto al derecho humanitario y las posibles violaciones en caso de uso de armamento suministrado. Estas acciones representan un punto de inflexión en la postura internacional ante el conflicto en la región.

La inquietud por las consecuencias humanitarias de un posible ataque en Rafah ha llevado a un aumento de la presión diplomática sobre Israel, con declaraciones de líderes internacionales que resaltan la necesidad de un alto el fuego y la preocupación por la seguridad de la población civil. Países aliados de Israel también han manifestado su preocupación ante la posibilidad de una catástrofe humanitaria, evidenciando la complejidad y gravedad del conflicto en la región.