La activista Rocío San Miguel, reconocida en el ámbito militar venezolano, ha sido detenida por la contrainteligencia militar junto a varios de sus familiares. Las acusaciones de urdir un magnicidio contra Nicolás Maduro, realizadas por el gobierno, carecen de pruebas sólidas. Incluso su hija ha sido involucrada en el caso, generando incertidumbre sobre su paradero. Familiares, organizaciones civiles y países como España están presionando por su liberación.

El fiscal general de Venezuela ha anunciado que pedirá prisión para la activista y su esposo, mientras que el resto de sus familiares enfrentarán libertad condicional. Esta situación ha desatado una ola de preocupación a nivel internacional. Incluso España, país del que San Miguel y su hija poseen la nacionalidad, ha manifestado su interés en la liberación de la activista y su familia.

Por su parte, Mini Díaz Paruta, hermana del exmarido de San Miguel, manifestó sentir temor por la vida de sus familiares, resaltando que no han recibido información sobre su situación. Argumenta que las acusaciones carecen de fundamento, considerando surrealista que San Miguel esté involucrada en algún complot. Además, más de 600 personas han exigido su liberación, mientras que España trabaja discretamente en este objetivo.

Esta detención se enmarca en un contexto político tenso en Venezuela, con la prohibición de participación en las elecciones de la principal favorita opositora, y una campaña de arrestos de políticos y activistas. Muchos consideran estos hechos como parte de una estrategia política del gobierno. La presión internacional por la liberación de Rocío San Miguel y su familia continúa en medio de una situación de incertidumbre sobre su paradero y condiciones.