El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por IBM y Atos contra la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a su participación en un cártel. La sanción de 30 millones de euros afecta a un total de 11 empresas que concertaron precios y condiciones comerciales para repartirse licitaciones de servicios informáticos en diversas administraciones públicas, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. El alto tribunal ha confirmado las sanciones individuales impuestas a IBM y Atos, ascendiendo a 940.000 y 5 millones de euros respectivamente.

La investigación se inició en 2015 por parte de la CNMC tras recibir una denuncia en el marco de la lucha contra el fraude en la contratación pública. Tras tres años de pesquisas, se impuso una sanción total de 29,9 millones de euros a las empresas investigadas, al considerar que formaron un cártel mediante la creación de una Unión Temporal de Empresas (UTE). La Audiencia Nacional respaldó la resolución sancionadora de la CNMC, confirmando que las empresas habían simulado una situación de normalidad competitiva en los procedimientos de licitación pública.

A pesar de que el Tribunal Supremo únicamente ha resuelto los recursos presentados por Atos e IBM, se espera que este criterio se mantenga en todos los casos relacionados con el expediente sancionador. Por otro lado, fuentes jurídicas apuntan que los magistrados solo revisarán un asunto si se justifica la necesidad de revisar las normas y crear jurisprudencia.

Además de IBM y Atos, la CNMC también sancionó a otras empresas como Indra, Accenture o Everis. En total, 11 compañías fueron multadas por su participación en el cártel. A pesar de la anulación de una de las sanciones por notificación incorrecta, el alto tribunal ha confirmado la participación de dichas empresas en la práctica anticompetitiva.