El informe de la misión de eurodiputados que investigó la aplicación de la inmersión lingüística en Cataluña ha concluido que es necesario dar igual tratamiento al castellano y al catalán como lengua vehicular de la enseñanza. La Unión Europea reclama que el sistema educativo en Cataluña garantice la equidad lingüística, algo que actualmente no sucede en el sistema monolingüe en catalán. Asimismo, exige que las autoridades españolas vigilen el respeto a las lenguas de enseñanza y aseguren un trato igualitario a las lenguas cooficiales.

Además, el informe condena el acoso y exclusión sufridos por los niños y padres que reclaman un contenido equilibrado de las lenguas de enseñanza, rechazando cualquier discurso de odio. La Unión Europea también insta a las autoridades regionales a vigilar este comportamiento inaceptable y recuerda que la diversidad lingüística es fundamental, considerando el interés superior del niño en las políticas lingüísticas.

El informe detalla el testimonio del presidente del Tribunal de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, quien confirmó la inactividad de la Generalitat en el uso razonable de las lenguas. También destaca la necesidad de hacer cumplir las resoluciones judiciales y defender las minorías, según el magistrado Javier Aguayo. Además, menciona la falta de interés de la consejera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, en atender a los eurodiputados.

Por último, el informe revela que la Generalitat envió altos cargos para supervisar la visita de los eurodiputados a las escuelas, a pesar de que inicialmente no fueron invitados a asistir. Asimismo, describe la postura de Simó, quien justifica la inmersión lingüística y minimiza la importancia del castellano en la educación. Los resultados del informe PISA también son abordados por Simó, atribuyéndolos al aumento de la pobreza infantil.