La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha instado a las comunidades autónomas a establecer una respuesta 'común y coordinada' en cuanto al uso de teléfonos móviles en los centros educativos. Alegría presidió una reunión de trabajo con representantes de las comunidades para avanzar en la regulación de estos dispositivos en los recintos escolares. Durante dicho encuentro, la ministra subrayó la importancia de abordar esta preocupación social de manera coordinada, mediante un consenso que permita a cada comunidad, dentro de su autonomía, emitir recomendaciones o instrucciones.

El proyecto de regulación propuesto por el Ministerio establece la prohibición total del uso de móviles en la etapa de Infantil y Primaria, limitándolo a actividades pedagógicas bajo la supervisión del docente en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, con excepciones. Asimismo, algunas comunidades han planteado que en etapas postobligatorias sean los centros los que determinen su uso. Hasta la fecha, siete territorios, incluyendo Ceuta y Melilla, han implementado su propia normativa al respecto, mientras que otras cuatro ya contaban con regulaciones propias, informó el Ministerio de Educación.

La propuesta del Ministerio responde a la preocupación compartida tanto por el Ministerio como por las comunidades sobre este tema. Alegría enfatizó la importancia de escuchar y llegar a un consenso que permita establecer una regulación que garantice un ambiente propicio para la educación. La llamada a la acción conjunta surge tras haber constatado que varias comunidades ya han avanzado en la creación de sus propias disposiciones al respecto, lo que evidencia la necesidad de una regulación a nivel nacional.

Ante la criticidad de la situación, la ministra reiteró la importancia de trabajar en conjunto para abordar esta problemática. Destacó la necesidad de respetar la autonomía de cada región, al tiempo que enfatizó la relevancia de una respuesta unificada que garantice un equilibrio entre las necesidades educativas y las particularidades de cada comunidad. Se espera que la coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas permita establecer directrices claras que contribuyan a un entorno educativo más armonioso y efectivo.